Francisco Zaragozá.

La investigación en medicamentos avanza a pasos agigantados, proporcionando grandes noticias y muchas esperanzas para patologías graves, como el cáncer. Pero alrededor de los medicamentos no solo hay avance científico e innovación. Se trata de un sector con muchos ámbitos implicados y muchos intereses en juego. Uno de los principales escollos a los que se enfrentan los medicamentos innovadores es la predisposición de las administraciones públicas a pagarlos al precio que exigen las farmacéuticas que dominan las patentes. No es un asunto novedoso. Ocurre todos los días, aunque unos casos sean más sonados que otros. En el imaginario de todos está el conflicto de los costosos tratamientos de la hepatitis C y las innumerables manifestaciones de los afectados para conseguir que el Ministerio de Sanidad asumiera el coste de un tratamiento caro –ahora ya no tanto- que, sin embargo, ha salvado y mejorado la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad en España.

En cumplimiento de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y su texto refundido de 2016, que señala que el precio de los medicamentos vendrá repercutido en función del nivel de innovación que introduce, la UAH firmó un convenio con el Ministerio de Sanidad que ha dado fruto en forma de ‘Innovómetro’.

El innovómetro es un proyecto del grupo de investigación Innovaciones Terapéuticas. Productos Naturales. Agregación Plaquetaria, que dirige el profesor de la UAH, Francisco Zaragozá. Mediante el convenio con el Ministerio de Sanidad, este instrumento mide el nivel de innovación de los nuevos medicamentos teniendo en cuenta distintas variables estructuradas, tales como la innovación disruptiva (si es único en el mercado) o el valor añadido en la innovación incrementada (que incremente la potencia, reduzca efectos adversos, que mejore el grado de adherencia –fidelización que tiene el paciente para utilizar el medicamento-, que evite interacciones con otros medicamentos…). El innovómetro ya está en manos del Ministerio, pero no estará completo, según Zaragozá, sin un estudio complementario que aborde cuál debe ser el precio justo de los nuevos medicamentos según el grado de innovación que tengan.

‘Es una responsabilidad para el sistema sanitario ofrecer a los pacientes los medicamentos más adecuados y avanzados para los tratamientos médicos, pero también lo es que las administraciones públicas adquieran los medicamentos a precios razonables que permitan sostener el sistema’, señala Zaragozá.

¿Cómo se conjugan ambas cosas? En un sistema como el español, difícilmente, ya que aunque el Ministerio de Sanidad es competente a nivel estatal para fijar el precio único de cada medicamento, las competencias en materia sanitaria están transferidas y las comunidades autónomas no siempre asumen los precios fijados por la administración central. ‘Lo que reclamamos desde el ámbito de la investigación y la innovación es que haya una política consensuada, porque no se puede permitir que el Ministerio fije un precio y luego las Comunidades Autónomas se nieguen a pagarlo’. Para ello es necesario, en su opinión, que las decisiones que se adopten en la Comisión Interterritorial de Sanidad sean vinculantes y no meramente orientativas.

Zaragozá agrega que ‘en ningún caso se puede considerar una mala noticia que surja un medicamento nuevo que cure patologías que antes no tenían cura, porque eso suponga incrementar la financiación del sistema sanitario; pero tampoco se puede exigir a las farmacéuticas tirar precios de medicamentos con un alto grado de innovación, porque, a la postre, esto acabará repercutiendo en el nivel de innovación y en la financiación de la investigación que las empresas farmacéuticas estén dispuestas a asumir’.

Publicado en: Reportaje