-¿En qué ámbitos del derecho empresarial trabajan?
-Las líneas de investigación son diversas. Por un lado estaría todo lo que tiene que ver con el régimen jurídico-privado de la empresa, tanto en lo que se refiere a Derecho de Sociedades como a contratos mercantiles, con especial alusión al Derecho del Consumo. Por otro lado estarían los regímenes jurídicos laboral, fiscal y de la Seguridad Social. Y, adicionalmente, también se investigan aspectos referidos al

Manuel Lucas Durán.

Derecho Penal económico o aspectos constitucionales sobre la actividad empresarial.

-¿Cuáles son los principales problemas jurídicos que afrontan las empresas españolas o, dicho de otro modo, qué problemas, a nivel jurídico, siguen estrangulando el desarrollo de las empresas españolas?
-Es difícil enunciar en abstracto los problemas jurídicos de las empresas, pues los mismos se pueden presentar en muy distintas áreas y no soy yo experto en todas y cada una de ellas. Entiendo que la problemática puede enunciarse tanto en relación con la legislación laboral y de la Seguridad Social (por ejemplo, respecto de los requisitos del despido procedente, improcedente o nulo para el cálculo de la respectiva indemnización, por poner un ejemplo); o bien en lo que concierne a la interpretación de las normas del Derecho societario o de contratación mercantil (por ejemplo, en lo que afecta a la eventual nulidad de cláusulas contractuales abusivas en contratos de consumo) o, por señalar un tercer ejemplo, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa, toda vez que la legislación aplicable suele ser compleja, y ello abre extraordinariamente las posibilidades de interpretación y, por ende, los extremos posibles de la factura fiscal que deberá pagarse al oportuno ente público. Sobre este último asunto puedo indicar que quizá últimamente se está incidiendo más en los conceptos de planificación fiscal agresiva, en las ideas de elusión y evasión fiscal o en la economía de opción (fiscal) que puede desplegar lícitamente una determinada empresa como reflejo de la libertad de pactos del ordenamiento y de la libertad de empresa reconocida en nuestra

Miembros del grupo de investigación.

Constitución. En muchos casos se trata de una frontera muy fina, porque ¿cuándo la reducción en el pago de impuestos puede ser contestada por la Administración tributaria por considerarla indebida? Últimamente este asunto ocupa gran parte del debate académico en lo que a la fiscalidad se refiere.
Ciertamente son muchos más los problemas jurídicos que afrontan las empresas españolas, como podrían ser también la interpretación de las normas penales que les pueden resultar de aplicación respecto de diversos delitos societarios y económicos, o la aplicación de derechos fundamentales a su actividad cotidiana y en sus relaciones con la Administración (como podría ser el caso de la libertad de prensa contrapuesta a otros derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad y el honor, etc.), por poner solo algunos ejemplos. Se trata de algo muy amplio e interdisciplinar, y este es el motivo por el cual un grupo de investigación con ‘Derecho y empresa’ tiene sentido, dado que integra a investigadores de disciplinas realmente diversas dentro del espectro jurídico.

-¿Cuáles son las perspectivas de futuro de este grupo de investigación?
-El grupo de investigación pretende seguir investigando en los años venideros sobre la problemática jurídica que afecta a las empresas en nuestro país (tanto en una dimensión interna española como internacional) y, asimismo, está abierto a asesoramiento a empresas que quieran consultarnos aspectos particulares sobre el régimen jurídico (mercantil, fiscal, laboral, penal, etc.) que les concierne.

-Ustedes han publicado recientemente un estudio en el que se señala que la supresión del dinero en efectivo y su sustitución por divisa electrónica es una buena vía para combatir el fraude y la elusión fiscales… Explíquenoslo
-Coincidiendo con las ideas de otros académicos, como el profesor de Harvard Kenneth S. Rogoff en su reciente libro ‘The Curse of Cash’, pienso que supone un anacronismo en la era digital que el dinero siga siendo físico (billetes y monedas) en lugar de meramente electrónico. Aparte de resultar un anacronismo, tiene una deriva muy perjudicial para la recaudación tributaria en cuanto que permite la existencia de una economía sumergida que, en España, rondará en torno al 20 % del Producto Interior Bruto) y que, lógicamente, no paga impuestos y otras cargas sociales. En el caso de que se eliminara el dinero en efectivo –lo que parecen haber decidido ya algunos países escandinavos- no solo sería más fácil perseguir a los defraudadores fiscales que no satisfacen tributos respecto de determinadas actividades opacas, sino que, adicionalmente, podrían perseguirse actividades que en muchos casos son ilícitas o, incluso, delictivas (subempleo, pagos en negro, corrupción, tráfico de personas y sustancias o bienes prohibidos, etc.). De hecho, en otros ámbitos jurídicos se ha eliminado el papel, haciendo descansar el tráfico jurídico no en la entrega de títulos-valores sino en el registro de asientos contables y electrónicos (como sería el caso de las acciones de sociedades cotizadas, representadas en anotaciones en cuenta y no más en acciones físicas). Si ello es así ¿por qué no hacer lo mismo con el dinero? De hecho, las transacciones electrónicas son cada vez más habituales siendo así que, por lo general, solo en los casos de pequeños pagos o cuando no se quiere dejar rastro alguno para evitar el conocimiento por parte de la Administración se realizan pagos en metálico, en algunos por sumas considerables (dinero negro).

Publicado en: Entrevista