Elena Mañas.

La violencia de género es una lacra social que no acaba en el drama familiar que supone la pérdida de vidas humanas inocentes, o el trauma que genera esa pérdida en las personas de su entorno, comenzando por los propios hijos. A ello se añade el más de medio millón de mujeres que soportan violencia física y/o sexual por parte de sus parejas o exparejas, o el más de millón y medio que sufren situaciones de violencia psicológica de control o emocional (según puede derivarse de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 que elabora el mencionado organismo). El estigma que acompaña a las mujeres que la sufren en su propia piel y que, en muchas ocasiones, tienen grandes dificultades psicológicas y económicas para eludir las situaciones de maltrato, dibujan un panorama desolador.

Todas estas situaciones de violencia, además del dolor y sufrimiento, provocan impactos en múltiples ámbitos, tanto de la vida de las víctimas como de las personas y agentes públicos y privados de su entorno, que terminan generando importantes costes en forma de desembolsos por el uso de bienes y servicios o de renuncias; en definitiva, pérdidas que pueden ser objeto de cuantificación. Así se desprende del referido estudio, que pone al descubierto esa otra cara de la violencia contra las mujeres.

El estudio, que se dio a conocer ayer lunes, día 18, durante la jornada de investigación y debate titulada 'Las mil caras de la violencia de género en España', analiza en detalle y desde distintas perspectivas, los múltiples impactos que provoca la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres que son o han sido sus parejas (siguiendo el criterio de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), para realizar, a partir de dicho análisis, las estimaciones de los distintos costes tangibles, directos e indirectos, que recaen anualmente sobre las víctimas, las administraciones públicas, los empleadores, los familiares y amigos, las asociaciones del tercer sector o la sociedad en general.

La principal fuente de información a la hora de realizar el estudio ha sido la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, aunque se ha utilizado otro conjunto muy amplio de estadísticas procedentes de organismos diversos, como la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto Nacional de Estadística o el Consejo General del Poder Judicial, entre otros.

El conjunto de costes considerados es muy amplio, puesto que la violencia de género provoca efectos en múltiples frentes, siendo los más destacados los costes laborales o productivos (por las dificultades que encuentran las víctimas para trabajar o hacerlo en condiciones de normalidad), los sanitarios (por la necesidad de ser atendidas en centros de salud o ingresadas en hospitales o derivadas a servicios de atención psicológica por la violencia de la que son objeto) y también los legales (por el uso de servicios policiales, judiciales y penitenciarios).
Centrado en los datos del año 2016, este Estudio evidencia que el sector público es el que soporta el mayor coste, seguido del que asume la propia víctima y, en tercer lugar, el que corre a cuenta de los empleadores.

'La estimación más conservadora (derivada fundamentalmente de la violencia física y/o sexual) arroja un coste de 1.281 millones de euros al año, lo que supone el 0,11% del PIB anual o, lo que es lo mismo, 27,6 euros por habitante y año', indica la directora de este proyecto. Aunque se han realizado varias estimaciones, que difieren en cuanto al grupo de víctimas considerado o a los costes unitarios empleados, en todas ellas los mayores costes están generados por los impactos de tipo legal y de tipo laboral o productivo; los impactos en el ámbito sanitario también producen costes de importante calado.

La investigadora de la UAH indica que un estudio sobre costes ayuda a poner de manifiesto la gravedad del problema de la violencia de género y a comprender que trasciende el ámbito de lo privado para convertirse en un problema de todos.  Añade que 'sin duda, la económica no es la perspectiva más importante, pero ayuda a complementar el conocimiento sobre esta lacra social y sirve para sensibilizar socialmente y enfocar las políticas públicas y privadas para poner soluciones'.  Elena Mañas estima que 'debemos ser conscientes de que todos estos costes no los generan las víctimas, sino los agresores; es obligado tener esto en cuenta si se quiere, de verdad, resolver el problema'. Por último, destaca la necesidad de seguir mejorando en las fuentes y los procedimientos para ofrecer estimaciones más precisas y ajustadas, pues considera que esta investigación, la primera que aborda el análisis de los impactos y costes de la violencia de género al caso español, es solo un punto de partida para futuros estudios.

Publicado en: Reportaje