En la carta, que también ha sido suscrita por la Universidad de Alcalá, ponen de manifiesto su preocupación por la entrada en vigor de la obligatoria cotización a la Seguridad Social de los y las estudiantes que se encuentren realizando prácticas académicas externas a partir del próximo 1 de octubre, de acuerdo con la disposición quincuagésimo segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, que culmina la reforma del sistema público de pensiones.

Según denuncian, esta nueva obligación supone un gran problema para las universidades, ya que les obliga a gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado. Para ello, reclaman mejores recursos, como el desarrollo de una plataforma informática que permita limitar la carga burocrática, la dotación de los recursos humanos necesarios o la asignación de un presupuesto para los próximos cursos académicos.

Por otro lado, los firmantes manifiestan en la carta su preocupación por el hecho de no haber recibido comunicación o instrucciones por parte del Ministerio sobre los procedimientos a seguir.

Por todo ello, dadas las incertidumbres y las necesarias adecuaciones en los sistemas de gestión solicitan con urgencia que se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha medida.
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