Miguel Ángel Ramiro y Paulina Ramírez.

Se trata de un proyecto en el que están implicadas 6 universidades madrileñas que tiene por objetivo analizar las normativas que existen sobre accesibilidad en diversos ámbitos (educación, empleo, salud, movilidad o participación, entre otros) para que las personas con diversidad funcional puedan conseguir la accesibilidad universal. La UAH ha aportado la experiencia y el conocimiento que tiene la Clínica Legal en el ámbito de las personas con VIH, con las que llevan trabajando desde hace años en la lucha contra la discriminación. Durante el proyecto se han detectado barreras que van desde el ámbito sanitario, hasta el laboral o el de las prestaciones sociales.

Según explica el director del grupo de investigación y coordinador de la Clínica Legal, Miguel Ángel Ramiro Avilés, las personas con VIH encuentran barreras en el ámbito sanitario, tanto en hospitales como en otro tipo de recursos, como las clínicas dentales, ‘donde se les suele atender al final, alegando cuestiones de ‘higiene’ que no tienen razón de ser, ya que se deben cumplir las mismas medidas de desinfección para cualquier tipo de pacientes y no se exigen normas adicionales en el caso de los afectados por VIH’. En otro tipo de recursos, como las clínicas de estética, también se están produciendo este tipo de discriminaciones.

También hay barreras de acceso a determinadas prestaciones donde se establece como condición no tener una enfermedad infecto-contagiosa: ‘hablamos, por ejemplo, de programas de termalismo del IIMSERSO o el acceso a una plaza en residencias de mayores, teniendo en cuenta que la población infectada con VIH ya tiene una cierta edad y está empezando a utilizar este tipo de recursos’. En este sentido, el profesor de la UAH recuerda que ‘las vías de transmisión son conocidas y se pueden prevenir fácilmente, por lo que resulta inaceptable este tipo de exclusión’. Además, el tratamiento antirretroviral es eficaz para prevenir la transmisión si se logra que la carga viral en las personas con VIH sea indetectable.

En el ámbito laboral se está avanzando, pero a cuentagotas. En diciembre de 2018, y gracias en gran medida a la presión de las asociaciones de personas con VIH, con el argumentario basado en los derechos humanos que ha sido generado desde la Clínica Legal de la UAH, se aprobó un acuerdo del Consejo de Ministros para acabar con la exclusión de personas con el VIH en los cuerpos de seguridad del estado. No obstante, todavía queda mucho por hacer porque si en el ámbito público ya se ha producido el acceso en igualdad de condiciones, en el ámbito privado las personas con VIH siguen estando discriminadas ‘y, por ejemplo, no pueden ser, por ley, guardias de seguridad privada’.

El profesor Ramiro Avilés señala que este proyecto y otras acciones de divulgación del grupo de investigación están sirviendo para ‘alfabetizar a las personas con VIH y al resto de personas con una discapacidad o con una enfermedad crónica sobre el acceso a sus derechos, pero también con una perspectiva crítica, porque las normas pueden encerrar en su estructura una discriminación sistémica’.

Publicado en: Reportaje