-¿Quiénes podrán beneficiarse del ingreso mínimo vital?

Un sistema de ingresos mínimos es un soporte básico en la red de protección social de cualquier país desarrollado. Su objetivo es que toda la población vulnerable pueda mantener un nivel de vida digno y se reduzcan las tasas de riesgo de pobreza. El modelo español de rentas mínimas, desde su origen en los noventa, ha presentado tres problemas importantes: alto grado de desigualdad territorial, una baja intensidad protectora y una cobertura limitada.

Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV llegará a 850.000 familias, 2,3 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema y prevé, muy acertadamente, que la prestación sea compatible con el empleo, desincentivando la perversa elección entre recibir la prestación o aceptar un empleo, aunque sea de pocas horas. Poco más puedo decir todavía porque no conocemos el nivel de garantía de efectividad de la política porque aún no se ha publicado su desarrollo reglamentario.

-¿Qué perfil será el más beneficiado?

El IMV se ha diseñado de manera que se tienen en cuenta de modo específico las mayores necesidades de ingresos de las familias con menores dependientes y, en particular, de las familias monoparentales con un solo adulto, en un 80 % encabezadas por mujeres. Hay que recordar que la tasa de riesgo de pobreza de estos hogares en España es muy alta, en 2019 prácticamente uno de cada dos hogares monoparentales estaba en riesgo de pobreza. La otra cara de la moneda son los hogares con dos adultos sin menores dependientes, cuya tasa de riesgo de pobreza es la más baja de todos los tipos de hogar, en concreto un 17%. Se espera, por tanto, que el IMV beneficie especialmente a los hogares monoparentales y a los hogares con dos adultos y menores dependientes.

Las primeras familias que han recibido el IMV de oficio en el mes de junio han sido 80.000 hogares, más de 250.000 personas, que ya recibían la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social y que tenían ingresos extremadamente bajos. La ayuda media por hogar ha sido de unos 430 euros.

- España ha sido el último país de la eurozona en incorporar un sistema de rentas mínimas, ¿por qué cree que ha tardado tanto?

Hasta la aprobación del Real Decreto Ley 20/2020 no existía en España un marco normativo estatal que regulase la garantía de estos ingresos para los más necesitados y lo convirtiese, además, en un derecho subjetivo y no dependiente de la capacidad presupuestaria de cada Comunidad Autónoma que en las últimas cuatro décadas han sido las que han desarrollado un mosaico de rentas mínimas con criterios tremendamente desiguales.

Es difícil responder a la pregunta de por qué se ha tardado tanto en incorporar un sistema de rentas mínimas estatal. Lo que sabemos es que la Unión Europea encargó un informe a la Seguridad Social española sobre el tema que recomendaba diseñar un sistema estatal era urgente y durante años se hizo caso omiso. También la AIReF publicó un estudio sobre los programas de rentas mínimas en España en 2019 que llegaba, de nuevo, a las mismas conclusiones. Incluso, más recientemente, el informe que ha publicado el Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, que visitó España en enero de 2020, no deja lugar a duda cuando dice textualmente: ‘Resulta más que evidente que el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan’.

- ¿Cree que será suficiente para paliar los índices de pobreza de nuestro país?

La aprobación del IMV es un avance histórico en nuestro sistema de protección social estatal a las familias en situación de pobreza extrema y, si funciona como está previsto, cubrirá aproximadamente a la cuarta parte de la población por debajo del umbral de la pobreza que se sitúa en un 22% de la población española: unos 10 millones de personas. Sin duda, ayudará a cubrir las necesidades básicas de la población muy necesitada con problemas para comprar productos básicos como alimentación y otros suministros como la luz o la calefacción. También ayudará a reducir el impacto de la pandemia de la COVID-19, que aún no hemos podido medir a falta de datos estadísticos sobre ingresos de las familias en el primer trimestre de 2020, pero que prevemos sea muy importante. De todos modos, es clave subrayar que esta política necesitará de avances en otras áreas relacionadas con familias que no podrán recibir el IMV porque sus ingresos están por encima del umbral mínimo.

- Usted figura en la lista de economistas con los que contará el gobierno para rediseñar la economía tras la crisis de la COVID, ¿qué supone para usted este encargo? Y ¿cómo afectará a la economía de nuestro país la pandemia y cuál es el camino a seguir?

La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia lleva unos meses elaborando un texto de reflexión sobre los grandes retos del país en los próximos 10 ó 20 años y sus posibles soluciones. Para ello, se está apoyando en el conocimiento de varios grupos de expertos en distintos temas clave y tengo la suerte de participar en uno de ellos que hará un diagnóstico de la situación y propondrá políticas que ayuden a mitigar las desigualdades sociales en el futuro.

Desde que defendí mi tesis doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia en 1998 he dedicado mi investigación al análisis distributivo en países ricos. Estar en este equipo de economistas ayudando a reflexionar sobre el reto de aumentar la cohesión social en España y cómo hacerlo es un privilegio. En un contexto en el que aún no habíamos recuperado los niveles de desigualdad y pobreza previos a la Gran Recesión de 2008, sabemos que la pandemia afectará muy negativamente a la cohesión social en los próximos años si no diseñamos políticas adecuadas que mitiguen sus efectos. Los retos se agrandan y, por tanto, las reformas tendrán que ser de mayor dimensión y más decididas para que las desigualdades sociales no aumenten rápidamente. 

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