El rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, han firmado un convenio de colaboración para la financiación de actuaciones para desarrollar microcredenciales universitarias.

Por parte de la Universidad también acudieron al acto la vicerrectora de Estudios de Posgrado, Formación Permanente y Extensión Universitaria, Margarita Vallejo; el vicerrector del Campus de Guadalajara, Carmelo García, y el subdirector de la Escuela de Posgrado y Enseñanzas Propias, José Manuel Lanza.

El objetivo es el de modernizar y digitalizar el sistema educativo para avanzar a un modelo personalizado, inclusivo y flexible, que se adapte a las necesidades de cada persona, incluyendo el alumnado adulto. Así mismo se pretende reforzar la formación del profesorado mediante la integración de nuevas técnicas educativas, basadas en el uso de medios digitales, garantizando la conectividad de la red universitaria y la adaptación de los programas y sistemas a las nuevas tecnologías y al aprendizaje combinado presencial y a distancia.

En definitiva, se trata de impulsar una nueva oferta de títulos universitarios propios apilables y que respondan a las necesidades de formación y recualificación de los profesionales que conforman el tejido socioeconómico de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Según palabras del Presidente de la Comunidad de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, que también ha asistido al acto: "este plan garantiza 2.500 microcredenciales para adaptarse a un “mundo que cambia de orientación con mucha rapidez”.

El citado Plan de Recuperación incluye un segundo hito en el que se aboga por la provisión de, al menos, 60.000 unidades de microcredenciales de una duración inferior a 15 ECTS y que correspondan a 1.000 acciones de formación diferentes como mínimo, incluida la posibilidad de ofrecer más de una unidad a la misma persona adulta. Dichas acciones deberán proporcionar conocimientos y competencias específicos requeridos en el ámbito laboral. La dotación económica para su ejecución a nivel nacional asciende a un total de 48.500.000 euros.

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