Una solución que, tal vez, según apuntan las encuestas, tampoco sea definitiva, porque los resultados de la futura convocatoria pueden ser igualmente ‘endemoniados’… La pregunta es ¿cuánto tiempo puede permanecer un país

Guillermo Escobar.

como España sin Gobierno? ¿Podríamos estar más de 500 días como ocurrió en Bélgica?.

El Derecho Constitucional, de la mano del profesor de la UAH Guillermo Escobar, da respuesta a algunas de estas preguntas. Otras no se contestan solo con normativa sino, como oímos tantas veces estos días, con ciertas dosis de voluntad.

-Profesor, ¿cuánto tiempo puede estar un país como España sin Gobierno efectivo?
-Legalmente, España puede tener un Gobierno en funciones sin límite de tiempo. La Constitución dice que el gobierno entra en funciones con la celebración de las elecciones y no detalla nada más. El fundamento principal de que un Gobierno entre en funciones es facilitar el tránsito a un Ejecutivo nuevo, sobre todo en los casos en que se produce un cambio de signo político. Téngase en cuenta además que en un sistema parlamentario, el Gobierno ha de contar con la confianza parlamentaria y un Gobierno en funciones, por definición, no la tiene. Por su parte, la Ley del Gobierno señala que el Gobierno en funciones solo podrá realizar la gestión ordinaria de los asuntos públicos, salvo situaciones de urgencia o de interés general, que de forma previa tienen que estar motivadas. También indica las acciones que un Gobierno en funciones no puede desarrollar, como la convocatoria de referéndum, la disolución de las cámaras, la presentación de proyectos de ley, incluido el proyecto de ley de presupuestos… es decir, que se podrían prorrogar los presupuestos, pero no aprobar unos nuevos. La ley no dice nada, y no hay precedentes, pero en teoría el Parlamento podría tramitar proposiciones de ley. El problema que se plantea es que debe haber una cierta colaboración entre órganos, porque el Gobierno tiene que manifestarse sobre las iniciativas legislativas que impliquen incremento del gasto público. Además, una vez aprobadas, requieren de un desarrollo para ser efectivas, porque el reglamento de desarrollo de las leyes se aprueba por Real Decreto y, es el Gobierno el que tiene la potestad para emitirlo. Normalmente el período de Gobierno en funciones en España no se ha extendido más allá de un mes; es decir, que estamos viviendo una situación completamente excepcional, y habrá que andar el camino para ver cómo y hasta cuándo se puede mantener esta situación.

-¿Podría permanecer España más de 500 días sin Gobierno, como ocurrió recientemente en Bélgica?
-España tuvo en su momento, durante la Transición, la conciencia de que para llegar a acuerdos todos tienen que ceder una parte de sus ideas y de su proyecto, pero parece que en los últimos años, lejos de profundizar en esa cultura política, las posturas se han radicalizado y resulta difícil que el debate en el Parlamento tenga como objetivo la consecución del acuerdo.

-En un país como el nuestro, tan descentralizado, con tantas competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, ¿sería tan difícil gobernar a nivel central sin un Gobierno?
-Es que en España tampoco existe mucha cultura de lo que se denomina el federalismo cooperativo. Desde luego, si funcionara correctamente la articulación de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central, no habría mayores problemas; pero también carecemos de esa tradición cooperativa entre las autoridades centrales y las descentralizadas. De hecho, en este momento, precisamente, hay una falta completa de diálogo con los representantes institucionales de Cataluña.

-¿Qué riesgos puede correr nuestro país con un Gobierno en funciones, si la situación se enquista?
-Los riesgos, en mi opinión, son más de tipo económico y de parálisis administrativa. Se pone en riesgo la situación económica en la medida en que los inversores necesitan seguridad jurídica, saber a qué atenerse sobre la base de unas previsiones. Ante la incertidumbre de un Gobierno que no debería tomar decisiones políticas importantes, se puede producir la retracción de los inversores extranjeros y también internos, ya que los empresarios españoles también carecen de esa seguridad. En el ámbito administrativo, estamos acostumbrados a una dirección política por parte del Gobierno y los cargos de dirección política condicionan gran parte de la actividad administrativa, más que en otros países. Digamos que, en ese sentido, existe cierto paternalismo y aunque la Administración General del Estado no está en funciones y debería funcionar de forma correcta, es cierto que la parálisis del gobierno central provoca cierta parálisis de las administraciones. También existen ciertos riesgos en el ámbito del cumplimiento de los compromisos internacionales, dentro de la UE y de otros organismos internacionales, pero creo que este tipo de situaciones podría solventarse aludiendo a la toma de decisiones por el interés general que establece la ley del Gobierno.

-¿Y Cataluña? ¿Se corre el riesgo de que la parálisis pueda afectar al proceso de independentismo puesto en marcha por los responsables políticos de la Generalitat?
-No creo que afecte a ese proceso o a las medidas que el Gobierno debería adoptar. Es evidente que estaría más que justificada una acción del Ejecutivo por cuestiones de urgencia e interés general. Una proposición no de ley que avalara las actuaciones propuestas por el Gobierno, apoyada por la mayoría del Parlamento, sería suficiente.

-Por un momento, parece que el Gobierno en funciones puede hacer casi cualquier cosa sin que suponga un problema…
-Pero esto también tiene límites, porque si el Gobierno en funciones realiza actuaciones que consideramos que no están permitidas, alguien con legitimación suficiente podría recurrir ante el Tribunal Supremo. Frente a esta ‘amenaza’ está el principio de contención, que normalmente han ejercido en España los sucesivos Gobiernos en funciones.

-¿Qué nos puede enseñar esta situación que estamos viviendo, profesor?
-Esto nos obliga, por la fuerza de los hechos, a esforzarnos por caminar hacia una auténtica democracia deliberativa, un modelo utópico que hay que tratar de alcanzar. Esto implica que las decisiones se adoptan sobre la base de los mejores argumentos y no sobre los intereses particulares o partidistas. Tal vez esta situación nos lleve a ver alguna falta de ‘disciplina de voto’ que, por muy mal que esté vista por los partidos políticos, es una práctica habitual en democracias tan consolidadas como la del Reino Unido, teniendo en cuenta que el voto del diputado es personal e indelegable. La verdad, sería un buen ejemplo también de la democracia interna que abanderan algunos partidos políticos en España.

Publicado en: Archivo entrevistas-reportajes