Comparecencia del rector de la UAH, como presidente de la CRUMA, en la Asamblea de Madrid
El rector de la Universidad de Alcalá, actual presidente de la CRUMA (Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid), ha comparecido ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.
El contenido de su comparecencia ha sido el siguiente:
'Comparezco en esta Asamblea por segunda vez, tras hacerlo el pasado 20 de febrero; y en esta ocasión en representación de la CRUMA, la Conferencia de Rectores de las seis Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, que este año me cabe el honor de presidir.
Agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme de nuevo a ustedes. Obviamente, la situación de cada una de estas universidades es, en algunos puntos, muy diferente de la del resto y de ella deben dar cuenta sus respectivos rectores.
Existen, no obstante, algunos aspectos y problemas comunes, a los que dedicaré mi intervención, con las referencias específicas que procedan y que puedan ayudar a comprender mejor cuál es la situación general del sistema universitario público de Madrid.
En primer lugar, querría destacar la importancia de las universidades públicas como uno de los principales activos de nuestra región. Las universidades que integramos la CRUMA formamos a más de 215.000 estudiantes todos los años, del total de 270.000 alumnos que cursan enseñanzas presenciales en la región (según los datos que la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ha hecho públicos en la página Web del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior). Para que se hagan una idea de la dimensión del sistema universitario madrileño dentro de nuestro país, basta decir que Madrid acoge al 20% de los estudiantes universitarios de grado de toda España y casi al 24% de los estudiantes de máster.
Son cifras muy superiores a lo que corresponde al tamaño de nuestra región, donde reside aproximadamente un 14% de la población y cuyo Producto Interior Bruto se sitúa en el 17,9%. En las enseñanzas de doctorado Madrid ocupa, asimismo, una posición de liderazgo, siendo la comunidad autónoma en la que más tesis doctorales se defienden con éxito (un 22% del total en el año 2010, según el último informe de la Fundación CYD, publicado en 2011). El atractivo del sistema universitario madrileño se hace aún más evidente si consideramos que la Comunidad de Madrid es una de las cuatro regiones que ha aumentado el número de matriculados en la última década (junto con Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana), y es también el principal destino de los estudiantes que participan en el programa de movilidad nacional Séneca (451 estudiantes en el curso 2011-2012, un 21% del total).
En lo que se refiere a la capacidad de atracción de estudiantes internacionales, las universidades de Madrid sobresalen nuevamente. El sistema universitario de Madrid atrae al mayor número de estudiantes extranjeros del país, tanto en grado (13.036 estudiantes, que representan el 24% del total, en el curso 2011-12), como en enseñanzas de máster (5.119 estudiantes, que suponen el 26%). Si nos fijamos en la investigación, Madrid destaca de nuevo sobre otras regiones españolas, situándose como la autonomía con mayor concentración en la producción científica (un 34,23% del total de la producción científica española en revistas de difusión internacional en el periodo 2006-2010, según el Informe CYD 2011). La mayor parte de estas investigaciones corresponde a las universidades públicas. Los rectores estamos preocupados, sin embargo, por las reducciones que las universidades han sufrido en la financiación autonómica en este aspecto, al haberse reducido en un 34,76% la financiación del programa 519 del Presupuesto de la Comunidad de Madrid entre el año 2010 (casi 62 millones y medio entonces) y el año 2013 (apenas 40,7 millones ahora). Necesitamos con urgencia un impulso de las autoridades regionales en investigación, y creemos que ahora es necesario aprovechar especialmente las oportunidades del Programa RIS3 de la Comisión Europea. El alto grado de atracción de estudiantes nacionales e internacionales por parte de las universidades, así como la actividad científica y de innovación que se desarrolla en ellas, generan una riqueza considerable para nuestra región, contribuyendo a impulsar una verdadera 'industria del conocimiento', que sitúa a nuestra comunidad a la cabeza del desarrollo social y económico.
El papel de las universidades madrileñas como motor de crecimiento e innovación se pone de manifiesto si consideramos el impacto económico del sector universitario. No dispongo de un estudio agregado acerca de este impacto (como sí lo tiene, por ejemplo, la Comunidad Valenciana), pero extrapolaciones de estudios realizados en la Universidad de Alcalá para la propia universidad y su entorno muestran que tan solo el impacto económico de los cerca de 20.000 estudiantes extranjeros que residen en Madrid puede suponer una cifra cercana a los 150 millones de euros/año (y ello con un cálculo muy prudente, estimando un gasto medio anual de 7.400 euros para un estudiante de grado y de 10.500 para un estudiante de Máster).
Si tenemos en cuenta el conjunto de los estudiantes nacionales que atraemos a Madrid, así como los estudiantes de la propia región, la cifra global supera con total seguridad el gasto del conjunto de las Universidades madrileñas. Es decir, el beneficio económico que obtiene Madrid de sus universidades es superior a la inversión pública que e realiza en ellas, y eso sin tomar en consideración la importantísima rentabilidad social derivada de la actividad universitaria.
Lamentablemente, la disminución en la financiación pública de las universidades madrileñas está poniendo seriamente en riesgo estos beneficios sociales y económicos. A este respecto, permítanme decir, en primer lugar, que la situación económica de las universidades de Madrid no puede ser ajena a la realidad a la que se enfrenta la sociedad española en su conjunto.
Como explicaré más adelante, en estos últimos años las universidades se han sometido a un proceso de racionalización y de reducción del gasto que no tiene precedentes, contribuyendo así al ajuste general que está realizando la Administración pública, tanto la del Estado como la autonómica. Sin embargo, las reducciones presupuestarias a las que estamos haciendo frente las universidades son muy superiores a las de otros sectores, lo que pone en riesgo el mantenimiento de un sistema universitario público de calidad. En 2010, el sistema madrileño de universidades recibía 1.085 millones de euros (programa 18 del Presupuesto). En 2013, apenas supera los 863 millones. Se trata de una reducción de más del 20%.
En cambio, en este mismo periodo, el presupuesto de la Comunidad de Madrid se ha reducido algo más del 12% −ocho puntos menos– y, en términos consolidados y teniendo en cuenta los gastos financieros, el presupuesto global ha disminuido apenas un 0,09%.
Si miramos el capítulo de inversiones, las reducciones son mucho más drásticas. No solo no se llegó a cumplir el contrato-programa firmado para el periodo 2007-2011, que se lleva minorando desde 2008 sistemáticamente, sino que las cantidades dedicadas a las inversiones son tan exiguas que comprometen el mantenimiento de las instalaciones y las infraestructuras universitarias. Quiero resaltar que no se trata de una cuestión de estética o de confort, sino de garantizar unas mínimas condiciones que hagan posible el desarrollo normal de la actividad universitaria, atendiendo cuestiones tan importantes como garantizar la accesibilidad de nuestros edificios, asegurar el cumplimiento de las normativas de eficiencia energética e incluso evitar problemas de habitabilidad y seguridad de las instalaciones, problemas que, de no solucionarse a tiempo, se agravarán inevitablemente en el futuro, obligando a un mayor desembolso económico.
Permítanme que mencione, a modo de ejemplo, la situación de mi universidad. La Universidad de Alcalá debería haber recibido 12,5 millones de euros del Plan de Inversiones en el último año. Sin embargo, en el 2013 recibiremos 667.500 euros, apenas un 5% de la cifra prevista en 2011 y un 65% menos de la cantidad que recibimos en 2010 (1,8 millones de euros).
Solo en reparaciones, mantenimiento y seguridad (RMS), la Universidad de Alcalá desembolsó 3,3 millones en 2012. Para que los miembros de esta Comisión tengan una idea cabal de cuál ha sido la evolución que ha tenido lugar en los últimos años, pensemos que en 2010 la financiación pública cubría el 61% del pres puesto total de las universidades, cifra que ha quedado reducida al 56% en 2013. Es decir, se ha producido un retroceso de cinco puntos en apenas cuatro ejercicios presupuestarios.
Ante esta drástica reducción de la financiación, que afecta tanto al gasto corriente como a las inversiones, las universidades hemos tenido que realizar ajustes muy importantes en nuestros presupuestos. En 2010 las seis universidades públicas de Madrid mostraban un presupuesto global de gasto de 1.781 millones de euros, mientras que en 2013 está previsto dedicar 1.532 millones, casi un 14% menos. El aumento de los precios públicos al que hemos asistido este curso es otro aspecto que incide de manera negativa en la situación de las universidades.
Desde un punto de vista estrictamente económico, esta política ocasiona graves perjuicios a las universidades, ya que ha supuesto una reducción real de los ingresos en este curso, generando ahorro únicamente para el presupuesto regional.
Como saben los miembros de esta Comisión, el aumento e los precios públicos supuso que la Comunidad de Madrid redujese la subvención nominativa en unas cantidades que se fijaron de antemano en el Plan Económico-Financiero de la Región, sin haber realizado previamente cálculos precisos.
La realidad ha demostrado que las cantidades recaudadas efectivamente por las universidades han sido inferiores a las reducciones efectuadas en las subvenciones nominativas por parte del Gobierno Regional, pues los ingresos por recaudación están en torno al 50% de esas reducciones, como hemos manifestado ya varios rectores ante esta misma Comisión, por razones que ya conocen Sus Señorías y que evito repetir.
Asimismo, se ha producido una reducción en el número de créditos matriculados en Grado y un descenso considerable en el número de estudiantes de Posgrado. A modo de ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid ha habido un descenso del 13,3% de créditos matriculados en Grado y Planes de Estudios no renovados con respecto al curso anterior, y del 15% en másteres. Con esos números, la Universidad Autónoma ha recuperado por recaudación de matrículas únicamente entre 5 y 6 millones de euros de la reducción de 12 millones que se efectuó en su subvención nominativa. Cifras similares hallamos en las otras Universidades: la Politécnica de Madrid, por ejemplo, ha sufrido una caída del 8,7% y la de Alcalá del 9,7% en los créditos de Grado y Planes no renovados; y de un 17% y un 18% respectivamente en los créditos matriculados en másteres.
Esas reducciones introducen, además, un elevado grado de incertidumbre entre las universidades, dificultando que podamos realizar una planificación adecuada, pues no existe en estos momentos un modelo común de financiación de las universidades públicas.
Por otra parte, la subida de las matrículas disminuye el atractivo de nuestro sistema universitario frente a otras comunidades autónomas, mermando la capacidad de atracción de estudiantes nacionales e internacionales, que –como destacaba al principio de mi intervención— constituye uno de nuestros principales activos.
En estos momentos, en Madrid el precio medio del crédito en primera matrícula supera en un 41% al promedio de España. El curso pasado (2011-2012) la brecha era ya del 19%. Si establecemos la comparación con algunas comunidades autónomas concretas, como Galicia, Extremadura o Andalucía, por ejemplo, los porcentajes de incremento de las universidades de Madrid con respecto a las de esas comunidades superan el 100%. A esto debemos añadir los efectos perversos que la subida de los precios públicos está teniendo en el mantenimiento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior: hay un número muy importante de estudiantes que no pueden hacer frente al pago de sus matrículas, debido al encarecimiento de las mismas y a la grave crisis económica que sufrimos.
Para abordar esta situación, algunas universidades, como la Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad de Alcalá, hemos dotado fondos especiales de ayuda, para paliar los casos más sangrantes. Sin embargo, creemos que la solución a este problema reside en un aumento de las becas y en que no se produzcan nuevas subidas en los precios de las matrículas el curso que viene. Como hemos trasladado ya a la Consejería de Educación, los rectores madrileños consideramos que los precios de las matrículas deben congelarse y, a ser posible, deberían incluso reducirse, al menos en las enseñanzas de Grado y en los Másteres Universitarios de orientación investigadora.
Si, como escuchamos recientemente en muchos ámbitos, los objetivos de déficit para España y para la Comunidad de Madrid van a flexibilizarse, entendemos que tiene que haber margen para no mantener esa política de aumento de precios públicos y de reducción de la financiación a las universidades.
De lo contrario, comprometeremos gravemente las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, con la consiguiente descapitalización humana de nuestra región, causando además un efecto muy dañino a largo plazo en la investigación científica y en la estructura productiva de Madrid.
No olvidemos, en este sentido, que estudios recientes, como el de la Fundación BBVA sobre Universidad, Universitarios y Productividad en España (publicado en 2012), muestran con toda claridad la rentabilidad de los titulados universitarios en nuestro país. Por citar únicamente un dato, los estudiantes que han cursado enseñanzas universitarias en el nivel de Grado mejoran sus posibilidades de encontrar un empleo en un 25%, contribuyendo además a generar empleos de mayor cualificación.
No quiero concluir mi intervención sin referirme a las graves dificultades que estamos experimentando a la hora de desarrollar nuestras políticas de mantenimiento y estabilización de la plantilla. La normativa estatal que impide la convocatoria de plazas en la administración pública, más allá de la tasa de reposición del 10%, se está aplicando sin tener en cuenta la realidad específica de las universidades. Así, se están impugnando los concursos de acceso, incluso cuando no implican un aumento real de efectivos, al sustituirse una plaza cuyo contrato finaliza sin posibilidad de prórroga (Profesor Ayudante Doctor o Contratado Ramón y Cajal, por ejemplo) por otra (como Profesor Contratado Doctor o Profesor Titular de Universidad).
Ni siquiera se trata en estos casos de procesos de promoción en sentido estricto, sino de evitar un verdadero despilfarro de recursos, que afecta a un colectivo en cuya formación la sociedad española ha invertido un importante capital.
A mi juicio, nuestro país no puede permitirse el lujo de perder a estos profesionales altamente especializados, dejando de rentabilizar la inversión efectuada. Por otra parte, en algunas ocasiones, esta interpretación extensiva de la tasa de reposición lleva a que se planteen objeciones a la contratación de profesorado no funcionario, en una deriva muy peligrosa, que, de mantenerse en el tiempo, podría conducir al colapso del sistema universitario y ocasionar un deterioro grave de la docencia y de la investigación.
Los rectores de la CRUMA hemos trasladado nuestra preocupación a este respecto tanto a las autoridades del Gobierno de la Nación como a las autoridades regionales, y hemos hecho público un manifiesto el pasado mes de mayo a favor del empleo en el sector universitario público madrileño.
Haciéndome eco de este manifiesto, y para finalizar ya mi intervención, me gustaría apelar a la responsabilidad política de nuestros gobernantes y de los miembros de esta Asamblea, para que se comprometan seriamente en la defensa de la educación superior, de la ciencia y de la cultura. En estos momentos de confusión social y de dificultades económicas, sería muy deseable que nuestros representantes hicieran una apuesta firme por la calidad del sistema público universitario de Madrid, que constituye una de las principales formas de contribución al progreso social.
A nadie se le oculta que la crisis por la que atraviesa nuestro país es muy profunda. Precisamente por ello debemos invertir en educación, en ciencia y en innovación, pues estos constituyen los instrumentos principales para resolver los gra es problemas que nos afectan. Muchas gracias.
Texto de la comparecencia del rector de la UAH en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid
Publicado en: Archivo actualidad