El encuentro ha estado moderado por el periodista y director de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal, Rafael Vilasanjuan, y con la participación del profesor de la UNED Luis Camarero y la catedrática de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó. En el debate se ha presentado el Análisis de las necesidades sociales de la población inmigrante del mismo Observatorio.

Un informe de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, UNED y Universidad de Alcalá sobre necesidades sociales señala que la tasa de riesgo de pobreza de los inmigrantes que residen en España es de un 46%, frente al 18% entre la población autóctona. Y es que como se recoge en el estudio, la crisis de 2007 provocó una brecha que aún no se ha cerrado, ya que el 16% de las familias inmigrantes tuvieron a todos sus miembros en desempleo en los años centrales de la recesión (vs. 9,5% en el caso de las familias autóctonas).

La precariedad laboral castiga especialmente a este colectivo que acumula cerca del doble de inestabilidad laboral (en 2018, el 16,8% de las familias inmigrantes viven en hogares en que todos los empleados tienen un contrato temporal vs. 9,1% en el caso de los no inmigrantes) y el triple de pobreza laboral (33,7% vs 10,6% de los autóctonos en el mismo año).

Además, la tasa de riesgo de pobreza de los inmigrantes que residen en España, un 46% en 2017, es claramente superior a la que el mismo grupo registra en el conjunto de la UE-28. Solo en España y Grecia los valores son superiores al 40%. Sin embargo, en comparación con la población autóctona (18% de riesgo de pobreza en 2017), España no es el país con diferencias más altas porque el contraste entre inmigrantes y nativos es aún mayor en Suecia, Austria o Bélgica, donde el riesgo de ser pobre se triplica para las familias de origen extranjero.

La situación se acentúa en el caso de las mujeres, ya que las trabajadoras extranjeras ganaron al año, de media, poco más de 14.000 euros brutos en 2016, frente a los casi 27.000 ingresados por los varones de nacionalidad española. Del mismo modo, la vivienda es una necesidad social que las familias inmigrantes han tenido dificultades para cubrir de forma adecuada, en un contexto de precios elevados, insuficiente oferta en el mercado de alquiler y ausencia de ayudas públicas eficaces. La consecuencia ha sido una gran sobrecarga económica por el gasto asociado a la misma y el acceso a viviendas con peores condiciones de habitabilidad. El coste de la vivienda supone una sobrecarga para el 49% de los inmigrantes (y el 16,8% de autóctonos), al absorber más del 30% de sus ingresos.

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