Hace unos días, tres bomberos españoles de la organización Proem-Aid fueron absueltos en Grecia. Se les juzgaba por unos hechos acontecidos el 14 de enero de 2016, cuando guardacostas griegos los detuvieron, junto a los tripulantes daneses de la embarcación de la ONG Team Humanity, por tráfico de personas.
 
La celebración del juicio y la absolución vuelven a poner encima de la mesa una situación que, no por conocida, resulta extraordinariamente compleja. Como señala la directora de Cooperación para el Desarrollo de la UAH y también directora del Máster Universitario en Acción Humanitaria Sanitaria, Consuelo Giménez, con este tipo de hechos y otros, como el caso de Helena Maleno, ‘la sensación es que no solamente se criminaliza la ayuda sino que el proceso va más allá, al considerar la imputación un castigo ejemplarizante dirigido a personas que llevan tiempo denunciando violaciones de los derechos humanos’.
 
Giménez recuerda que nos encontramos ante una crisis humanitaria sin precedentes, tanto a nivel mundial como a nivel europeo, con cuestiones de máxima actualidad: la guerra terrible de siete años de duración en Siria y otros conflictos bélicos no tan mediáticos como el de Yemen, Afganistán, Somalia, RD Congo…, la crisis de los Rohingya y el tema de refugiados en el mediterráneo...’. En este contexto, ‘parece que  las normas y tratados internacionales que han guiado el camino desde la II Guerra Mundial no parecen funcionar, pese a estar más vigentes que nunca, porque sencillamente no se cumplen’.
 
En su opinión, en este caso, frente a la inoperancia política se encuentra la situación social, que se traduce en ‘un hartazgo de la sociedad civil, que no entiende cómo los países de la Unión Europea no son capaces de estar a la altura de lo que se les pide, pese a tener capacidad y solvencia para reaccionar de otra manera. Parte de esa sociedad civil se organiza, se agrupa y trata de actuar realizando la función que, no olvidemos nunca, compete a los gobiernos. A partir de aquí, lo más importante es esa llamada de atención ante una realidad que necesita atención urgente. La sensación es que se está criminalizando a las personas migrantes, pero también a las personas que llevan a cabo acciones de ayuda humanitaria’.
 
Desde su experiencia, estima que este tipo de imputaciones y ataques no frenará la actuación de voluntarios, cooperantes y actores de la acción humanitaria porque ‘ las personas que se implican en estos asuntos tienen unos valores diferentes, tienen otra visión de lo que quieren de la sociedad en la que viven y en la quieren vivir en el futuro. Y son valores tan arraigados, en la manera de sentirlos y creer en ellos, que forman parte de sus vidas por eso no se va a poner freno, en absoluto, a que personas anónimas se desplacen para ayudar en lo que se pueda’.

No obstante, añade que ‘tampoco vale todo sino se realiza desde los principios básicos de la acción humanitaria y teniendo siempre en cuenta la ética de la intervención’. En este sentido defiende que todos estos agentes obtengan una formación de calidad para poder afrontar con garantías necesarias las diferentes situaciones. ‘Soy partidaria de dejar de lado las acciones ‘buenistas’ por muy buen fondo y carácter que tengan y defiendo una profesionalización, en este caso, de la acción humanitaria. Es absolutamente necesario. Muchas veces las buenas intenciones por sí solas hacen que la acción falle o que se consiga el efecto opuesto a lo que se pretende. Hay que ser muy cuidadoso’