Con el cada vez menos vivo debate sobre las causas del calentamiento global como telón de fondo, y acompañados de la espectacular subida de los precios del petróleo como una patética banda sonora, a lo largo del primer semestre de este año han ido proyectándose sobre la opinión pública diversos informes que, como gotas malayas medioambientales, ponen de manifiesto la situación energética en que se encuentra el mundo en general y España en particular, una situación que, junto a la cada vez más patente insostenibilidad económica de nuestro modelo energético, produce efectos colaterales que afectan muy negativamente al medioambiente y a la salud de las personas.
De acuerdo con el informe anual de la agencia climatológica estadounidense (www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/), las concentraciones atmosféricas del principal de los gases de efecto invernadero (GEI), el dióxido de carbono (CO2), batieron en 2007 un nuevo récord al alcanzar las 387 partes por millón (ppm). Si en la primera medición realizada en 1958 la concentración era de 315 ppm, actualmente supera las 387. Pero lo más importante es que esta concentración crece a un ritmo imparable: en la década de los sesenta aumentó a un ritmo medio de 0,84 ppm/año; en los setenta a 1,26; en los ochenta a 1,59; en los noventa a 1,5, y desde 2000 se incrementa cada año en una media de 2,01 ppm, el doble que hace 50 años.
Gracias a los análisis de las burbujas de aire acumuladas en las capas de hielo de la Antártida, tenemos una idea cabal de las concentraciones de CO2 en la historia geológica reciente de nuestro planeta. Basándose en ellos, el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC; www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/), ha anunciado que la concentración atmosférica de dióxido de carbono supera su margen de variación natural durante los últimos 650.000 años. En este periodo, las concentraciones atmosféricas de CO2 han oscilado entre 180 y 300 ppm, lo que significa que actualmente está casi un 30% por encima del mayor nivel en cientos de miles de años. Y nadie duda de que la concentración va a seguir subiendo al menos que se pongan límites: la Unión Europea se propuso como objetivo clave en política medioambiental que las emisiones alcanzaran su máximo antes de 2020, para reducirse drásticamente en 2050. Si nos atenemos a los resultados de la aplicación de los acuerdos del protocolo de Kyoto, cuyo cumplimiento en toda Europa –con España a la cabeza de los incumplidores- está siendo decepcionante, este objetivo va ser algo muy difícil, por no decir imposible, de conseguir.
En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un plan para cumplir Kyoto. Consistía en emitir en el periodo 2008-2012 un 37% más que en 1990. Ello implicaba rebajar las emisiones casi 20 puntos en cinco años. Pero la realidad se enfrenta a las buenas intenciones: las estadísticas facilitadas por el Gobierno el pasado mes de junio (www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/) y el casi simultáneo informe de Comisiones Obreras sobre la evolución de las emisiones en España entre 1990 y 2007 (www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/), revelan que la economía española sigue un ritmo incesante de aumento de las emisiones de GEI, que en 2007 aumentaron casi dos puntos con respecto al año anterior, lo que supone que, con tal aumento, España emite actualmente un 52% más que en el año de referencia adoptado en Kyoto (1990), pese a que la firma del mismo sólo permitía subir nuestras emisiones en un 15% sobre las calculadas en dicho año. Las previsiones para 2008 no son mucho mejores pese a la crisis del sector de la construcción (la fabricación de cemento y las actividades propias de la construcción requieren consumos energéticos muy altos) y al elevado precio del petróleo, que reduce su consumo.
Por su parte, el balance sobre la calidad del aire en España presentado este mes por Ecologistas en Acción (www.ecologistasenaccion.org/) revela que al menos el 54% de los pulmones que respiran en España inhalan malos humos. La ONG analiza desde hace tres años los gases que respiramos y desde entonces esos niveles superan los que recomienda la Organización Mundial de la Salud; aunque no han variado desde el primer estudio, la estabilidad de esos niveles es más un síntoma de enfermedad que de recuperación, porque es como si la fiebre de un paciente se mantuviera a 39 grados durante mucho tiempo, como señala muy gráficamente Francisco Segura, portavoz de la organización. Como mínimo, uno de cada dos andaluces respira malos humos, según ese informe. El contaminante más problemático son las Partículas en Suspensión (PM10), unos contaminantes, considerados por los especialistas como los más peligrosos para la salud porque provocan afecciones severas al tracto respiratorio, lo que incluye el riego de cáncer de pulmón. Según un informe de la Unión Europea (http://www.apheis.net/) la presencia de estas partículas en la atmósfera produce cada año 350.000 muertes prematuras, una cifra que, proyectada a nuestro país, supone que las muertes provocadas por la respiración de estos contaminantes casi cuadriplican las causadas por los accidentes de tráfico.
Las principales emisiones de los gases de efecto invernadero de origen humano están asociados al transporte o la industria, y se relacionan con la quema de los derivados del petróleo y del carbón. Puesto que sin energía no hay actividad productiva, nos acercamos al nudo gordiano del debate sobre el cambio climático, que no es otros que mantener o acrecentar la economía sin utilizar combustibles fósiles. Solo se presentan dos estrategias: disminuir el consumo energético o buscar fuentes alternativas. La primera estrategia se orienta a mejorar la eficiencia energética, produciendo lo mismo con menos combustible. La segunda, pasa por el uso de fuentes de energía con bajas o nulas emisiones.
El plan de choque lanzado por el gobierno en junio de 2007 preveía diversas medidas para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la eficiencia, unas medidas que se han demostrado claramente insuficientes para los objetivos que se decían perseguir. Si el Gobierno central y el resto de las Administraciones como responsables subsidiarias quieren enfrentarse seriamente a la decepcionante ejecutoria de Kyoto en España, tienen que ser conscientes, en primer lugar, de que, además de retórica de rigor y del decidido impulso a fuentes energéticas alternativas adoptado por el Gobierno en la última legislatura, deben imponer medidas muy concretas que tienen costes políticos y económicos elevados, entre las que se cuentan la elaboración de un programa nacional de ahorro energético que obligue a instituciones y particulares, un debate sobre la energía nuclear -menos contaminante que el carbón o el petróleo pero con otros costes insuficientemente divulgados- y un plan de reforma del transporte que traslade parte de la oferta desde la carretera, enormemente sobredimensionada en nuestro país, al menos contaminante ferrocarril.
Pero además de las grandes políticas, el problema de los GEI exige decisiones a menor escala. Por ejemplo, endurecer más los estándares de emisión de los automóviles, realizar una contabilidad analítica y un estudio de costes ambientales que permita abordar la gratuidad del transporte público urbano, obligar a los ayuntamientos de las grandes ciudades a adoptar medidas limitantes del tráfico por el centro de las ciudades y la velocidad de conducción en zonas urbanas. Éstas son algunas de las medidas que harían patentes el grado de compromiso político con el control de las emisiones. Hasta ahora, excepción hecha de las buenas intenciones y de los indudables avances en políticas de fomento de las energías eólica y fotovoltaica, casi todo ha sido una vacua retórica.

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