Cuadrado Roura analiza "el necesario ajuste de las Comunidades Autónomas y los Municipios"

Juan R. Cuadrado Roura, Catedrático de la Universidad de Alcalá y Council Mundial de la Regional Science, concluye que "resulta evidente que tanto las comunidades autónomas como el resto de las corporaciones locales deben proceder, desde ahora mismo, a ‘ajustar’ seriamente sus gastos e inversiones. Dada la evolución de la economía, la Administración Central podrá ayudar muy poco y la vía del déficit y de la financiación vía deuda no sólo tienen serias restricciones legales, sino que supondrían empeorar la evolución general de la economía".

Los datos sobre la economía española que se han ido conociendo en los últimos días muestran una evolución que se acelera en términos negativos. La economía está creciendo ya a una tasa muy baja (0,3 por 100 en el primer trimestre, equivalente al 1,1 por 100 en términos anualizados) y el IPC sigue creciendo. Los datos sobre la construcción y actividades ligadas a la vivienda, no hace falta repetirlos, reflejan la profunda caída del sector. Pero, a ello se ha unido también el comportamiento de la industria manufacturera, que en el primer trimestre ha registrado una tasa negativa, tanto en términos trimestrales como interanuales. En este sector concurre, además, una caída de la productividad (que ya quedaba lejos de la media europea) y un fuerte incremento de los costes laborales por unidad producida, lo que impulsa la pérdida de competitividad que ya padecía el sector.
Esta situación exige cada vez con más claridad un ajuste de nuestra economía. Ajuste que podrá ser más rápido (mejor, en mi opinión) o más lento, pero que, en cualquier caso, es necesario e inevitable. Como ya está ocurriendo, dicho ajuste afectará al consumo privado, pero debería hacerlo también al consumo público. Como subrayó A. Laborda en un reciente artículo: “lo que ha sobrado en estos años es consumo, privado y público, que, al igual que la vivienda, necesita un ajuste a la baja que permita recomponer un nivel de ahorro suficiente”.

Disciplina y más austeridad en los gastos
En los últimos años, bastantes ayuntamientos y la mayor parte de las comunidades autónomas han podido financiar sus crecientes gastos e inversiones gracias a la favorable evolución de la economía y al ‘boom’ de la construcción. Hay ayuntamientos que durante el último quinquenio duplicaron alegremente el personal que figuraba en sus nóminas. Otros abrieron nuevos frentes de gasto y adoptaron compromisos de pagos que no eran sostenibles a medio plazo y que ahora se han convertido en un grave problema. Un ejemplo de ello es el caso de Málaga, cuyo ayuntamiento ha elaborado un durísimo plan de estabilidad que abarca los próximos tres años y que impone drásticas reducciones en los gastos de inversión, particularmente los del área de urbanismo que disminuirán un 81 por 100 el próximo año; otro 19 % en 2010 y un 52% el último año de vigencia. Se trata, por otra parte, de un caso donde la transparencia y buena gestión municipal han sido evidentes.
La caída del crecimiento económico está afectando a los ingresos de todas las comunidades autónomas y de una gran parte de los municipios, aunque con obvias diferencias en cuanto a su intensidad. El brusco parón de la construcción de viviendas y de las transmisiones inmobiliarias ha dado lugar a un retroceso en los ingresos en los impuestos cedidos y en las tasas e impuestos propios, lo que de inmediato supone que las cuentas presupuestarias se desequilibren y que incluso se planteen problemas de liquidez.
Ante esta situación cabría la tentación de tratar de mantener los niveles de gastos. Para ello se han levantado ya algunas voces solicitando que se autoricen aumentos en los impuestos locales, una vía que no sólo me parece inadecuada sino absolutamente inconveniente en estos momentos. Otra de las posibles vías a las que acudir sería el endeudamiento. Una opción que, en mi opinión, tampoco puede ser considerada, por dos razones. En primer lugar, porque los niveles de deuda asumidos son ya, en bastantes casos, muy elevados. Y, en segundo lugar, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria plantea unas exigencias financieras que las comunidades autónomas, los municipios y las diputaciones deben cumplir.
Recordemos algunos datos. Al cerrar 2007, la deuda acumulada por las comunidades autónomas ascendía a 59.711 millones de Euros. En términos absolutos, las comunidades más endeudadas son: Cataluña (14.819 millones de Euros), la Comunidad Valenciana (11.550) y Madrid (10.055). Estas tres, junto con Baleares, son asimismo las que tienen una deuda viva por habitante más elevada. Por otra parte, la deuda acumulada por las corporaciones locales (ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y cabildos) sumaba al cerrar 2007 otros 29.103 millones de Euros. A estas cifras hay que agregar la deuda de las numerosas empresas públicas creadas en los últimos años por las comunidades y las corporaciones locales, que ascendía a 10.421 millones al cerrar el último ejercicio.
Esta situación no permite muchas alegrías. Al contrario, como advirtió el Vicepresidente Pedro Solbes a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) del pasado 20 de mayo, los efectos de la situación económica “incidirán claramente en la evolución de las finanzas públicas del país y la desaceleración de ingresos obligará a contener el gasto público, priorizando en todo caso aquellos gastos e inversiones que contribuyan a apoyar el patrón de crecimiento de la economía española hacia un modelo más sostenible que el de los últimos años”. Y este planteamiento, que supone disciplina y austeridad en los gastos, debe ser asumido también por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos.

Unos objetivos financieros nada fáciles de cumplir
En la citada reunión del CPFyF se aprobaron los objetivos de estabilidad para las comunidades autónomas durante el período 2009-2011. En síntesis, los presupuestos de las comunidades deberán aprobarse en equilibrio en 2009 y 2010, y debería alcanzarse ya un ligero superávit en 2011 (0,1 por 100).
Se trata, sin duda, de unos objetivos cuyo cumplimiento puede ser bastante difícil. Sobre todo porque están basados en un crecimiento de la economía que se cifró entre el 2 y el 3 por 100 en 2009, tasa que los datos más recientes hacen pensar que será imposible cumplir. El sistema deja abiertas algunas posibilidades de ajuste ex post de la ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta – precisamente – el crecimiento económico real, que si se sitúa por debajo del 2 por 100 permite aceptar déficit presupuestarios.
Lo que en cualquier caso resulta evidente es que tanto las comunidades autónomas como el resto de las corporaciones locales deben proceder, desde ahora mismo, a ‘ajustar’ seriamente sus gastos e inversiones. Dada la evolución de la economía, la Administración Central podrá ayudar muy poco y la vía del déficit y de la financiación vía deuda no sólo tienen serias restricciones legales, sino que supondrían empeorar la evolución general de la economía.

Publicado en: Archivo opinión