- ¿Cuál es el principal objetivo del trabajo que están Vds. llevando a cabo?
La finalidad es estudiar cómo han evolucionado las políticas de desarrollo regional que se han aplicado en España. El análisis se concentra, sobre todo, en el período que discurre desde la entrada de España en la Unión Europea, en 1986, hasta la fecha, ya que ello ha supuesto un giro muy importante en los recursos y el modo de llevar a cabo acciones regionales, al disponer de los fondos estructurales europeos y tenerse que adaptar a las exigencias comunitarias para obtener, gestionar y aplicar dichos recursos. Sin embargo, el trabajo contemplará también el estudio de los antecedentes de la política regional, desde los años 20 del siglo pasado hasta los primeros 60, así como de los objetivos, medios y resultados de las políticas regionales desarrolladas como parte de los planes de desarrollo que los gobiernos de Franco aplicaron entre 1964 y 1975, y lo que ocurrió entre este último año y la incorporación de España a la UE.
- Según los antecedentes y teniendo en cuenta la situación actual ¿Fue desde que España se integró en la UE cuando despegó su política regional?
Sería inexacto decirlo así. En alguna medida, incluso en el siglo XIX se emprendieron actividades destinadas a desarrollar las zonas más atrasadas de España. Si nos remontamos históricamente más atrás, tendríamos que citar las preocupación que mostró el Rey Carlos III y sus primeros ministros ilustrados por emprender acciones destinadas a la creación de empresas, explotaciones mineras o nuevos puertos, aunque algunos de estos intentos no consiguieron al fin grandes resultados.
En todo caso, es posible afirmar que cuando realmente se diseñan medidas amplias de política regional fue con los planes de desarrollo, cuando el Sr. López-Rodó era el Comisario de planificación y también como Ministro. En esa etapa (1964-1975), se puso en marcha una política de polos de desarrollo, se declararon prioritarias algunas areas preferentes para el desarrollo industrial y también del turismo y se dedicaron a estos objetivos unos recursos no excesivamente abundantes, pero sin duda más elevados y mejor programados que otras actuaciones anteriores que se habían producido en España, siempre de carácter muy puntual.
Ahora bien, la incorporación a la Unión Europea supuso un giro en la política regional puesta en práctica en España desde dos puntos de vista muy concretos. Por una parte, nuestro país empezó a recibir fuertes ayudas financieras (vía FEDER, FEOGA-orientación, Fondo Social Europeo y, más tarde, también a través del Fondo de Cohesión). Y, por otra, porque el diseño de las políticas regionales cambió desde muchos puntos de vista. En primer lugar en cuanto a quienes decidían y deciden la política regional, lo que llevó a negociaciones entre la Comisión Europea, el gobierno español y cada una de las Comunidades Autónomas que debían recibir ayudas. En segundo lugar, porque la materialización de las acciones y el uso de los recursos se sujetó a programas de largo plazo: 1988-92; 1993-99; 2000-2006; y el período actual de programación 2007-2013. Y, finalmente, porque la Comisión ha introducido en la forma de llevar a cabo las acciones de desarrollo regional unos modos de operar que suponen no sólo adecuarse a unos objetivos y plazos, sino ser objeto de evaluación antes, durante y al final de cada período.
- ¿Qué es, pues, lo que cree más significativo de lo que ha cambiado en estos años en la política de desarrollo regional en España?
Ha sido importantísimo, por supuesto, disponer de recursos provenientes de la Unión Europea. Hay que recordar, sin embargo, que dichos recursos siempre han tenido que estar acompañados de aportaciones muy importantes por parte de las autoridades españolas, tanto nacionales como de las comunidades autónomas. Los fondos europeos nunca han cubierto, por ejemplo, el coste total de una infraestructura, como las autovías, hospitales, escuelas, etcétera. Según el tipo de proyecto, la financiación europea podía alcanzar hasta el 70-75%, pero en no pocos casos era sólo del 50% y bastantes veces menos. Pero, esto tuvo la ventaja de que obligó también a nuestras autoridades a destinar recursos al desarrollo regional y siempre ha tenido que tratarse, de acuerdo con la normativa comunitaria, de acciones que no se hubieran llevado a cabo de no contar con la colaboración europea.
Creo que también ha sido muy importante que la aplicación de la política regional comunitaria a España haya obligado a implantar un sistema de programación y a respetarlo, lo que ha permitido que se cumplieran los objetivos previstos con independencia de algunos cambios políticos que se han producido en estos años, a escala nacional y también en las comunidades autónomas, o que puedan producirse de aquí al 2013.
- ¿Qué regiones españolas se han beneficiado más de la política regional comunitaria?
Evidentemente las regiones españolas más beneficiadas han sido las que fueron calificadas desde un principio como regiones Objetivo-1, que eran todas aquellas cuya producción por habitante (PIB per cápita) estaba por debajo del 75 por 100 de la media comunitaria. Lamentablemente, y creo que así hay que decirlo, en España había bastantes regiones en esta situación en 1986. En concreto, llegaron a ser 11 de las 17 comunidades autónomas las que estaban en dicho grupo, aunque posteriormente se descolgó Cantabria.
Ello supuso que España haya sido uno de los países que más fondos ha recibido de la Unión Europea entre 1986 y 2006. Lo cual ha contribuído no sólo a que varias comunidades autónomas pudiesen avanzar sustancialmente en cuanto a sus niveles de renta, sino que toda la economía española se haya beneficiado de esta fenomenal aportación europea. Algunos cálculos estiman en casi un punto porcentual lo que ha representado para el conjunto de España el hecho de recibir fondos comunitarios durante casi dos décadas. Y ahí están las autopistas, mejoras en carreteras, ferrocarril, aeropuertos, puertos y demás obras de infraestructuras para mostrarlo, junto con ayudas para la formación, la educación, las pequeñas y medianas empresas, o la incorporación de nuevas tecnologías. Hay que recordar, al respecto, que la Comunidad de Madrid, también pudo beneficiarse de los fondos europeos.
- ¿Cuál es en estos momentos la política regional europea en cuanto afecta a España?
En al actual período de programación (2007-2013) se han introducido algunos cambios en la política regional europea. El primero es que los fondos destinados a ella son comparativamente menores que en el pasado, o si se quiere, no han aumentado a pesar de las presiones que hubo y del hecho de que ahora la UE está formada por 27 países. Una consecuencia de ello es que bastantes regiones europeas han dejado de ser prioritarias a efectos de dichos fondos. Algunas los seguirán recibiendo, pero de forma decreciente, y en su conjunto se pretende concentrar más las ayudas en las regiones europeas menos desarrolladas. En el caso español, Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha siguen dentro de la categoría del objetivo convergencia (equivalente al Objetivo-1 anterior. Pero, junto a lo anterior, hay también cambios, al menos sobre el papel, en cuanto a la orientación, inspirándose en los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Lo que se desea es que la política regional europea contribuya a que toda la UE avance hacia una mayor competitividad, con avances en términos de investigación, innovación, mejora de la base de conocimientos y creación de actividades realmente productivas y eficientes. Desde otro punto de vista, también se pretende simplificar la gestión de las políticas regionales que estén vinculadas a fondos estructurales de la Comunidad.
- ¿Cuánto recibirá España en los próximos años?
En las previsiones para 2007-2013 figuran: 35.200 millones de euros en total, de los cuales, algo más de 26.000 son para el objetivo convergencia, o lo que es lo mismo, básicamente para esas cuatro comunidades autónomas citadas, aunque otras recibirán también algunas ayudas decrecientes; 8.500 millones para el objetivo competitividad y empleo regional, donde pueden tener entrada prácticamente todas las regiones españolas; y unos 560 millones para cooperación territorial europea, acciones fronterizas, fundamentalmente. Esto significa que España se va a ir convirtiendo en un país de los que aporta más recursos financieros a la UE de los que recibe. Lo cual es justo, puesto que España es un país cuya renta por habitante está cada vez más próxima a la media europea, muy lejos claramente de la situación con la que nos incorporamos en 1986 a la Unión. Los beneficiarios son ahora los nuevos países miembros, del centro y el Este de Europa.
- ¿Son los ciudadanos de a pie conscientes de estos cambios y de los problemas regionales?
En algún sentido sí, pero en otros en absoluto. En los últimos tiempos se ha debatido mucho, por ejemplo, sobre los nuevos estatutos de algunas comunidades autónomas o sobre las competencias de éstas, sus necesidades derivadas de la llegada de inmigrantes, la atención a la sanidad, etc. De todo esto, mejor que peor, muchos ciudadanos han oído hablar y bastantes tienen información y criterios formados. Pero, de lo que no se es consciente, me parece, es del cambio que se está produciendo en nuestras relaciones con la Unión Europea, y tampoco de la persistencia de las diferencias regionales dentro de España. En el primer caso, creo que no somos plenamente conscientes de que el recorte en los fondos nos va a afectar como país, aunque es justo que, como ‘clase acomodada’ dentro de la UE, pasemos a ser de los que contribuyen en lugar de ser receptores de fondos aportados por alemanes, holandeses y otros países. Pero, al propio tiempo, sería muy importante informar mejor a los ciudadanos, lo cual no ha sido objeto de demasiadas alusiones en esta campaña política, sobre la persistencia de diferencias económicas, y en algún caso, su aumento, entre las regiones y, sobre todo, entre las provincias españolas. Los casos de Zamora, Avila, Soria, Teruel, Jaen, Córdoba, Cuenca, Lugo y otras, constituyen ejemplos de provincias donde su mejora en la renta per cápita se debe, simplemente, a que se están despoblando, aparte de que no mejora su estructura productiva.
En este sentido, el Estado no tiene demasiados instrumentos para actuar con vigor, y algunos de los nuevos estatutos podrían conducir a un reparto interno de los ingresos fiscales muy poco solidario. Yo confío en que esto no se produzca y en que la solidaridad siga siendo uno de los capiteles en los que se asienta el país en su conjunto.

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